"¿Cuánto hay que poner para cobrar?", preguntó el jubilado al juez. Era diciembre de 2009.

Lo que ocurrió desde entonces provocó un creciente terremoto con amplias ramificaciones por todos los juzgados y la Cámara Federal del fuero previsional. Y puso el foco de las sospechas sobre un fraude que treparía a decenas de millones de pesos en perjuicio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Hugo Alconada Mon


LA NACION

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se entera de lo ocurrido al recibir un durísimo informe reservado de su Cuerpo de Auditores. En 11 carillas, cuyas copias obtuvo LA NACION, expusieron "maniobras" e "irregularidades" de todo tipo para inflar las deudas de la Anses en numerosos reclamos de actualización de haberes o para cobrarlos más rápido, "con embargos superiores a 1.000.000 de pesos", cada uno.

Lorenzetti ordenó el desplazamiento inmediato de los dos secretarios del juzgado N° 3 del fuero federal de la Seguridad Social, que ya había quedado vacante porque el magistrado Alberto Ize renunció a la subrogancia poco después del incidente con el jubilado que le preguntó cuánto tenía que pagar para cobrar. Volvió entonces a su juzgado original, el número 9.

La actuación del juez Ize y de los dos secretarios, Fernando Mora y Emmanuel Catardo, quedó bajo la lupa en por lo menos cuatro denuncias penales por presunta estafa, robo de documentos públicos y otros delitos, así como también en el Consejo de la Magistratura, según verificó La Nacion.

Las sospechas sobre lo ocurrido en ese juzgado registraron un giro inesperado, sin embargo, cuando Catardo defendió su inocencia y pasó a la ofensiva. Denunció "pactos espurios" de letrados de la Anses con "algunos abogados" que, otra vez, perjudican a las arcas del Estado nacional, en lo que configuraría una nueva versión de la "industria del juicio".

"Pude comprobar que los abogados de la Anses tienen una actitud permisiva con los expedientes de algunos letrados, mientras que con otros son más estrictos, a tal punto que se puede observar que a estos últimos les apelan hasta dos veces la misma liquidación", acusó, mediante un escrito que presentó ante el Cuerpo de Auditores. Es decir, que los juicios de algunos abogados avanzarían por una autopista para cobrar, mientras otros quedan atascados durante años.

Las diferentes velocidades en la administración de justicia encarnan un factor clave en un fuero que bordea el colapso desde hace años. Sólo entre febrero y junio de este año, se iniciaron más de 47.000 nuevos reclamos, mientras que se tramitan un total de cerca de 330.000 expedientes.

El último escándalo comenzó a raíz de un solo caso. Y por la polémica actuación del otro secretario de ese Juzgado N° 3, Mora. Acumuló testimonios en su contra de cuatro empleados de su órbita, por sus modos "horribles", gritos e insultos y, como contraste, el "trato preferencial" recibido por su esposa y también abogada de jubilados en ese mismo juzgado, Mónica Bibbo.

"Mora dispuso que los expedientes de su esposa se guardaran en un casillero especial; que no había otros abogados con casillero propio, y que Bibbo consultaba los expedientes en su despacho", destacaron los auditores en su informe final, a partir de empleados que relataron que el secretario les "solicitaba que agilizaran los trámites de los expedientes en los que intervenía dicha letrada". En un fuero casi colapsado por la avalancha de causas, a los de su mujer les daban "trámite urgente" y "siempre permanecían en su secretaría".

El chispazo que desató el escándalo comenzó, según surge de los documentos y testimonios que cotejó La Nacion, cuando el juez Ize frenó uno de los expedientes de Bibbo, que estaba por cobrar, y la abogada le pidió una audiencia junto a su cliente, el jubilado Luis Pedro Piaggio.

De allí en más, las versiones se bifurcan y ambas partes se enrostraron actitudes y frases intimidantes o injuriosas alrededor del juicio por $ 4 millones, liquidación tentativa que luego se redujo a $ 2 millones. Como saldo, Bibbo y Piaggio denunciaron a Ize, y el juez les respondió con su propio arsenal. Y como consecuencia de ese encontronazo, la Cámara Federal de la Seguridad Social pidió una auditoría a la secretaría respectiva de la Corte.

"Industria del juicio"

La Nacion intentó comunicarse con Bibbo, Mora y Catardo, pero sólo el tercero respondió las consultas. Defendió su labor y planteó que, en realidad, las denuncias responden a un intento de abogados en la actividad privada y la Anses, que se benefician con esa "industria del juicio" por evitar que él obtenga una de las tres vacantes para juez en el fuero. Hasta ahora figura tercero en un concurso en marcha del Consejo de la Magistratura para ocupar esos cargos.

"Hay abogados arreglados directamente con la Anses y, de ese modo, no tienen ningún problema cuando litigan ?dijo a La Nacion?. Esos abogados tienen más de 1000 juicios cada uno en el fuero y sus clientes, en vez de tardar años, cobran en 3 o 4 meses como máximo."

Según Catardo, la operatoria abarca no sólo a los juzgados de primera instancia, sino también a la Cámara. "Curiosamente, la Anses no apela los juicios de esos abogados, pero sí los del resto por los mismos temas, y cuando sí van a la Cámara, en una semana están resueltos si les tocan las salas I o II", afirmó.

Mientras tanto, todas las operatorias sospechosas que quedaron bajo la lupa de la Corte, el Consejo y el juez federal Sergio Torres conllevaron una primera medida preventiva. Los auditores estimaron "inconveniente la permanencia en el juzgado" de Mora y Catardo, lo que convalidó en apenas 24 horas Lorenzetti.

Mora y Catardo se encuentran ahora dentro de la órbita directa de la Cámara del fuero. Aunque mantienen sus sueldos de secretarios, ya que no recibieron suspensión formal, al menos uno de ellos, Catardo, se dedica sólo a autorizar poderes, lo que define como una "sanción degradante".

PROCESOS POR CIFRAS MULTIMILLONARIAS

El dinero en disputa por los juicios de actualizaciones de haberes jubilatorios, sobre el que ahora crecen las sospechas en la Justicia, es gigantesco. Según el director ejecutivo de la Anses, Diego Bossio, pagar las diferencias a todo el sector ?no sólo a los jubilados que iniciaron acciones legales? costaría unos 12.000 millones de pesos anuales, lo que aumentaría otros $ 22.400 millones si se aprobara el proyecto para otorgar el 82% móvil a todos los jubilados, como impulsan ahora los bloques principales de la oposición política. Un cifra global que rondaría los $ 36.400 millones al año.

UNA TRAMA DE CORRUPCION QUE DESATO UN ESCANDALO3 DE DICIEMBRE DE 2009
Discusión subida de tono

El juez subrogante Alberto Ize (foto) discute con la abogada Mónica Bibbo, esposa del secretario del juzgado, Fernando Mora. Un cliente de Bibbo le había preguntado a Ize cuánto había que pagar para conseguir un fallo favorable de actualización de haberes jubilatorios.

23 DE DICIEMBRE DE 2009
Denuncias cruzadas

Ize renuncia a la subrogancia en ese juzgado y denuncia un clima "conflictivo". La abogada Bibbo lo denuncia ante la Cámara. Otra letrada denuncia irregularidades en los juicios.

12 DE FEBRERO DE 2010
Presunta estafa

La Anses denuncia penalmente a otro secretario del mismo juzgado, Emmanuel Catardo, por una presunta estafa en cuatro juicios de actualización que terminaron con perjuicio para las arcas previsionales.

24 DE FEBRERO DE 2010
Entra en juego la Corte

El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti (foto), autoriza al cuerpo de auditores del tribunal a investigar la serie de irregularidades denunciadas en los tribunales previsionales.

7 DE ABRIL DE 2010
Primeros indicios

Lorenzetti recibe un informe preliminar de los auditores. Ordena una auditoría urgente.

16 DE JUNIO DE 2010
Informe final

Los auditores detectan una enorme cantidad de irregularidades y recomiendan el desplazamiento de los secretarios del juzgado, acusados de beneficiar a algunos abogados e inflar los montos de los resarcimientos.

5 DE JULIO
Descargo

El secretario Catardo denuncia una maniobra para perjudicar a la Anses por decenas de millones de pesos.

Fuente: La Nación