La Ley de Contaduría General y el Código Procesal Laboral habían sido vetados parcialmente por el gobernador. La Asamblea Legislativa insistió con los proyectos aprobados. No fueron los legisladores urribarristas.

Presidida por el titular del Senado, José Eduardo Lauritto, la primera Asamblea Legislativa de este miércoles se constituyó a las 12:30. Con 27 legisladores presentes, se trató el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo mediante decreto Nº 2433/10 MGJE, al proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras Legislativas por el que se regula el funcionamiento de la Contaduría General de la provincia.
Tras las exposiciones del diputado Jorge Busti, del diputado Jaime Benedetti, y del senador Horacio Díaz, la votación fue unánime para insistir con el proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras. De esta manera los 27 legisladores presentes rechazaron el veto que el Poder Ejecutivo había interpuesto específicamente al artículo 7º de la ley de Contaduría, el cual establece que la remuneración del Contador General será igual a la que perciban los Ministros Secretarios de Estado dependientes del Poder Ejecutivo y la de los Contadores Adjuntos será igual al 80% del sueldo del Contador General.
De igual manera, pero a las 13,30, 26 legisladores trataron el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 2434/10 MGJE, al proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras por el que se dispone que las remisiones al articulado del Código Procesal Civil y Comercial dispuestas taxativamente por la ley Nº 5315 (Código Procesal Laboral) se integren con las normas previstas en la ley Nº 4870.
Luego de los argumentos expresados por el titular de la Cámara Baja, Jorge Busti, y por el diputado Marcelo López, por unanimidad se rechazó el veto parcial del Ejecutivo, específicamente al artículo 7º, que se relaciona al nombramiento como coordinador de la Comisión de Estudio e Implementación del Código Procesal Laboral a José María Reviriego.
Fundamentos
El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley de Contaduría haciendo referencia al artículo 129º de la Constitución Magna reformada, que contempla la posibilidad de un veto parcial que “no invalida el resto de la ley” y que la norma puede “ser puesta en vigor en las partes no afectadas por el mismo siempre que su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto”.
Asimismo, el Ejecutivo fundamentó que “modificar la remuneración de uno de esos altos funcionarios, sin realizar una reestructuración integral de todo el cuadro funcionarial, genera una descompensación en la estructura vigente y una alteración en la relación responsabilidad /remuneración”.
Sin embargo, estos mismos argumentos fueron utilizados por los bloques de la UCR y el Peronismo Federal para rechazar la impugnación del gobernador. El Presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Busti rechazó la alusión al mencionado artículo de la Constitución para vetar las norma y consideró que "esto es absolutamente discutible; crea una tremenda confusión".
"El régimen de remuneraciones quedaría organizado de un modo absurdo, sin sentido, afectándose el sueldo de numerosos empleados de la contaduría, disminuyéndolo por una actitud caprichosa, violándose derechos adquiridos", disparó el ex mandatario.
Busti destacó que "la contaduría es la que le advierte al gobernador lo que va a hacer. Luego, el Tribunal de Cuentas, cuando ya está el hecho consumado, es el que revisa, pero la importancia funcional de la Contaduría es vital para el funcionamiento del Poder Ejecutivo" y agregó que "a una mayor responsabilidad funcional y jerarquización del órgano en la Ley fundamental, le corresponde con justicia una mejor remuneración de sus funcionarios externos".
Al igual que el titular de la Cámara, el diputado radical Jaime Benedetti (UCR), consideró que "el veto parcial altera profundamente la forma en que deben ser satisfechas las remuneraciones de los funcionarios que integran la Contaduría General".
Tomando el texto del decreto de veto que hace referencia a la necesidad de adecuar las remuneraciones a la responsabilidad de los organismos y funcionarios el legislador radical sostuvo que “para nosotros la Contaduría General, como órgano autónomo de control, ha pasado a tener una de las principales responsabilidades en el desarrollote las actividades del Estado”.
Respecto del Código Procesal Laboral Código Procesal Laboral, quedó ratificada la ley y la designación de José María Reviriego en la coordinación.
“Creo que hay una confusión o no se cuál es el problema de esta ley”, preguntó Busti al abrir el debate. “Acá ha habido una confusión de nombres. No hablamos de José Antonio Reviriego que fue secretario de la Convención Constituyente y apoderado del Peronismo Federal sino de su padre, José María Reviriego", precisó Busti.
Por el bloque radical, Marcelo López, se pronunció en favor de mantener la coordinación de esta comisión y, más aún, la urgencia que tiene la agilización de estos trámites que se ven demorados por “figuras que han entrado en desuso". Y, dijo: “Es necesario que haya un responsable para que los trabajadores tengan un respuesta”. (Informe Digital)