"Lo hicimos para garantizar el cumplimiento de los deberes impuestos a la Argentina por el Estatuto del Río Uruguay", dijo Aníbal Fernández; el proyecto estaría vinculado al vicepresidente del Grupo Clarín, José Aranda

En un nuevo capítulo en su disputa contra el Grupo Clarín, el Gobierno presentó una acción de amparo contra la provincia de Corrientes para frenar la construcción de una represa porque, presumen, podría afectar el medio ambiente.

"He interpuesto una cuestión de amparo ante la Corte solicitando una medida cautelar de no innovar respecto del proyecto productivo en Corrientes. Lo hicimos por un daño ambiental irreversible a partir de la represa que se procura construir, además de garantizar el cumplimiento de los deberes impuestos a la Argentina por el Estatuto del Río Uruguay", dijo Fernández.

La empresa encargada de realizar el emprendimiento estaría a cargo del multimillonario George Soros y del vicepresidente de Grupo Clarín, José Aranda, según consignó la agencia estatal Télam hace unos días.

Días atrás, durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio San Martín, el canciller Héctor Timerman había asegurado que la represa Ayuí Grande "puede ser violatoria del medio ambiente". Y advirtió: "La Argentina no va a convalidar la violación de un tratado internacional [del Río Uruguay]". (La Nación)